Deducibilidad de intereses de demora para contribuyentes personas físicas que realizan actividades económicas

En relación al IS, el Tribunal Supremo ha señalado en numerosas sentencias (entre otras, TS 8-2-21, EDJ 504547) que tanto los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivados de un procedimiento de comprobación, como los intereses suspensivos, tienen la consideración de gasto deducible en dicho impuesto.

Al igual que para los contribuyentes del IS, el Tribunal Supremo ha aceptado la deducibilidad de los intereses de demora para los contribuyentes del IRPF que desarrollen una actividad económica, tanto los procedentes de la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación de rentas relativas al desarrollo de la actividad como los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.

Al tener la naturaleza jurídica de gastos financieros, se someten a los límites de deducibilidad de la LIS art.16.

Dicho Tribunal considera ahora que la doctrina por él sentada en relación a la deducibilidad de tales intereses en el IS resulta extrapolable al IRPF, en el caso de que el contribuyente desarrolle una actividad económica, por las siguientes razones:

1. Los intereses de demora tributarios se califican como gastos financieros por su sentido jurídico, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TCo 26-4-90, EDJ 1990/4435) y su calificación contable, existiendo una norma positiva, en este caso el derecho contable, que vincula a la normativa fiscal salvo que esta establezca expresamente una calificación distinta. Los intereses de demora no tienen naturaleza sancionadora sino exclusivamente compensatoria o reparadora del perjuicio causado por el retraso en el pago de la deuda tributaria. Se trata, por tanto, de una compensación específica por el coste financiero que para la Administración tributaria supone dejar de disponer a tiempo de cantidades dinerarias que le son legalmente debidas. Y, siendo así, su calificación no es otra que la de gasto financiero, por lo que de cumplirse los requisitos legales exigidos -justificación, registro contable y correlación con los ingresos- no puede cuestionarse su deducibilidad.
2. Para determinar el rendimiento neto de las actividades económicas, la LIRPF art. 28.1 -al igual que la NF Bizkaia 13/2013 art- 28.1.a)- se remite a las normas del IS, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en ese artículo y en la LIRPF art. 30 y 31 para la estimación directa y objetiva, respectivamente. Existe, por tanto, una remisión expresa y explícita de la LIRPF a la LIS. Procede, así, determinar si estos gastos se pueden encuadrar entre aquellos que tienen la condición de no deducibles (LIS art. 15) ya que, de lo contrario, por aplicación de la LIS art. 10.3, regiría en el ámbito fiscal lo establecido por la norma contable. En este sentido, el Tribunal Supremo ya ha manifestado que no cabe encuadrar los intereses de demora tributarios en ninguno de los supuestos de no deducibilidad previstos en la LIS.
3. A los efectos de determinar el rendimiento neto de la actividad económica, no puede decirse que no estén correlacionados con los ingresos, porque están conectados con el ejercicio de la actividad económica y, por tanto, deben ser deducibles.

En consecuencia, teniendo la calificación de gastos financieros y no encuadrándose en ninguna de las categorías posibles de gastos no deducibles de la LIS art. 15, los intereses de demora tributarios (LGT art. 26) deben considerarse como gastos fiscalmente deducibles. El Alto Tribunal concluye, pues, que a efectos del IRPF y en los casos en que el contribuyente desarrolle una actividad económica, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución de un acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible y dada su naturaleza de gastos financieros están sometidos a los límites de deducibilidad contenidos en la LIS art. 16, aplicables también al IRPF.

Escrito por David García Torres, manager fiscal en Ponter Abogados