AFECTADOS POR CIERRES COVID

Asociación pro derechos constitucionales españoles:

¿La pandemia le ha traído perjuicios económicos a tu negocio?

 

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La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha llevado a un elevado número de empresas y particulares a cerrar durante largos periodos de tiempo sus negocios con los consiguientes perjuicios económicos. En otros casos se han sufrido pérdidas de ingresos, debidos a las limitaciones de aforo, horario, etc. que han venido impuestas por la normativa dictada para frenar la expansión de la pandemia. Estos daños deberán ser indemnizados por el Estado, ¿quién y cómo podrá reclamarlo?

La Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Julio, de los Estados de Alarma, Excepción y sitio, establece en su artículo 3º.2, que: Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.”

Por su parte, el artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por la actuación de las administraciones públicas que haya lesionado sus bienes y derechos, excepto en casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

De estos dos preceptos se desprende el derecho a ser indemnizadas de todas aquellas empresas o particulares que como consecuencia de la pandemia se han visto obligados a cerrar sus negocios, sin que en estos casos, la declaración del estado de alarma pueda entenderse como un caso de fuerza mayor para excluir la aplicación del citado artículo 106.2 CE, que se refiere a aquellas circunstancias que de forma directa obliguen al cierre del establecimiento, tales como un tornado, explosión, inundación, etc.

Deben ser objeto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados a aquellas empresas o particulares que han sufrido un sacrificio especial frente al resto de los ciudadanos en aras del interés general.

Datos Generales de la Empresa o autónomo

Provincia


Datos del Representante Legal

*Acepto los términos y condiciones de la política de privacidad.

 

Los daños a reclamar deberán ser acreditados. Y dentro de los posibles conceptos indemnizables, se pueden englobar, entre otros:

1. Pérdida de existencias comerciales no vendidas e irrecuperables (productos perecederos que se inutilizaron y perdieron por el cierre de los negocios

2. Pérdida o depreciación de existencias comerciales sujetas a temporada (textil, moda, calzado, etc);

3. Lucro cesante por el cierre inicial y el posterior escalonamiento en la reapertura con limitaciones de aforo, ocupación, apertura o asistencia en los establecimientos comerciales. Este lucro cesante podrá acreditarse mediante informe mercantil que acredite el descenso en los ingresos entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 y entre el 25 de octubre 2020 y la actualidad, y los ingresos obtenidos en esas mismas fechas en los tres años anteriores.

4. Costes directos adicionales por adquisición, implementación y/o instalación de infraestructuras, equipamientos o dotaciones comerciales exigidos por la normativa relativa a distanciamiento social o prevención sanitaria (mamparas, cabinas, termómetros, embalajes asépticos, dotaciones de geles, mascarillas o guantes para clientela, etc…);

5. Costes directos adicionales de implementación de personal de limpieza y desinfección de mobiliario, equipamiento comercial o instalaciones del establecimiento

Dicha indemnización podrá reclamarse en el plazo de un año a contar desde que se pudo conocer el alcance o perjuicio del primer estado de alarma, es decir, desde que finalizó. Dicho plazo concluiría el 21 de junio de 2021. No obstante, para aquellos que sólo decidan reclamar los daños sufridos por las restricciones adoptadas en base al segundo estado de alarma, el plazo finalizará el 24 de octubre de 2021.

La reclamación deberá llevarse a efecto mediante una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial del Estado y en caso de ser desestimada o no respondida en el plazo de 6 meses desde la interposición de la misma, a través del oportuno procedimiento judicial contencioso administrativo.

Dicha reclamación se formulará a través de la Asociación APDE, para lo que será imprescindible la asociación a la misma, mediante la cumplimentación del siguiente formulario.